Evasión tributaria en el Perú: el problema no es crear más impuestos, sino lograr que todos paguen lo que corresponde

La columna de Alfredo Palacios Dongo, publicada en *Expreso* bajo el título *“Desmesurada evasión y elusión tributaria en el Perú”*, pone nuevamente sobre la mesa uno de los problemas estructurales de nuestras finanzas públicas: el Perú recauda poco y mantiene niveles muy elevados de incumplimiento tributario.

El diagnóstico merece atención, pero también algunas precisiones y, sobre todo, propuestas.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha señalado recientemente que el incumplimiento tributario representa aproximadamente el **9% del PBI** y que reducir esa brecha en dos puntos podría generar alrededor de **S/20.000 millones adicionales**, recursos que podrían destinarse a infraestructura y políticas sociales.

El problema, por tanto, no es menor.

Pero quizá la discusión debería comenzar por una pregunta diferente:

**¿Necesita el Perú más impuestos o necesita conseguir que quienes actualmente deben pagar efectivamente lo hagan?**

## Evasión, elusión e incumplimiento: no son exactamente lo mismo

Conviene empezar haciendo una precisión conceptual.

La **evasión tributaria** supone incumplir deliberadamente las obligaciones fiscales: ocultar ingresos, omitir ventas, utilizar comprobantes falsos, crear operaciones inexistentes o recurrir a otros mecanismos fraudulentos.

La **elusión**, en cambio, presenta una problemática jurídica distinta. Puede involucrar estructuras formalmente amparadas en actos jurídicos que, después de analizar sus efectos y sustancia económica, podrían encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

Por ello, no toda planificación fiscal constituye elusión y, mucho menos, evasión.

La propia SUNAT lo reconoce en la versión 2026 de su **Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal**: las situaciones descritas son informativas y no vinculantes y la calificación de cada operación requiere analizar detalladamente las razones jurídicas y económicas que justificaron su realización.

Esta diferencia es fundamental para evitar que la necesaria lucha contra el fraude termine convirtiéndose en una presunción general de incumplimiento contra quienes desarrollan actividades empresariales legítimas.

## El verdadero tamaño del problema

Las cifras permiten dimensionarlo.

Según la OCDE, la recaudación tributaria total del Perú representó aproximadamente **16,3% del PBI en 2024**, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe alcanzó **21,7%** y el promedio de los países de la OCDE **34,1%**.

Las cifras del BCRP muestran igualmente una debilidad estructural. Los ingresos tributarios del Gobierno Central representaron 14,5% del PBI en 2023, 14,0% en 2024 y 14,4% en 2025.

La diferencia entre ambas mediciones responde, entre otros aspectos, a metodologías y coberturas distintas, por lo que las comparaciones deben realizarse sobre bases homogéneas.

Lo importante es la tendencia: **el Perú mantiene una capacidad recaudatoria relativamente reducida frente al tamaño de su economía.**

Y aquí aparece otro elemento que merece destacarse: la OCDE identifica entre las causas de esta baja recaudación la elevada informalidad empresarial y laboral, las debilidades en cumplimiento y fiscalización y el creciente uso de gastos tributarios.

Por ello, reducir el problema únicamente a “los que no quieren pagar impuestos” sería insuficiente.

## Facturas falsas: atacar al proveedor, pero también al comprador

Uno de los puntos más relevantes planteados en el artículo es la utilización de comprobantes por operaciones inexistentes.

SUNAT viene intensificando sus acciones en este campo. Durante 2026 informó sobre empresas que habrían emitido comprobantes falsos a decenas de miles de contribuyentes y anunció acciones respecto de empresas involucradas en operaciones que representarían alrededor de **S/5.000 millones de crédito fiscal indebido**.

Aquí existe una oportunidad enorme para cambiar el enfoque fiscalizador.

No basta con detectar al emisor de facturas falsas.

Hay que reconstruir la cadena completa:

**¿Quién emitió?
¿Quién compró?
¿Quién utilizó el crédito fiscal?
¿Quién dedujo el gasto?
¿Dónde terminó el dinero?
¿Existe capacidad operativa real detrás de la operación?**

Con comprobantes electrónicos, SIRE, declaraciones mensuales, información bancaria dentro del marco legal, beneficiario final y otras fuentes disponibles, SUNAT cuenta hoy con una capacidad de análisis de datos que hace algunos años simplemente no existía.

## Entonces, ¿qué podría hacerse?

Desde nuestra perspectiva, una política seria contra el incumplimiento tributario debería articular, al menos, seis líneas de actuación.

**1. Fiscalización basada realmente en riesgo.**

La administración tributaria debería concentrar recursos humanos especializados en contribuyentes, operaciones y sectores donde los cruces de información revelen inconsistencias materiales, en lugar de multiplicar actuaciones sobre diferencias formales de escasa relevancia fiscal.

La tecnología debería permitir precisamente eso: **fiscalizar menos operaciones, pero fiscalizarlas mejor.**

**2. Explotación integral de la información electrónica.**

SIRE, comprobantes electrónicos, guías de remisión, detracciones, información aduanera, declaraciones tributarias y demás bases disponibles deberían interoperar mediante modelos de riesgo capaces de identificar comportamientos atípicos.

Una empresa que declara compras millonarias a proveedores sin trabajadores, infraestructura, activos o capacidad económica suficiente debería generar una alerta temprana.

**3. Combatir las redes de comprobantes falsos como organizaciones y no como casos aislados.**

Cuando existe comercialización sistemática de facturas falsas ya no estamos simplemente ante una diferencia tributaria individual.

Debe reconstruirse la red económica completa, identificando emisores, adquirentes, intermediarios y beneficiarios.

SUNAT ya viene desarrollando actuaciones respecto de los denominados Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO); el siguiente paso debe ser profundizar la trazabilidad de las cadenas económicas involucradas.

**4. Facilitar radicalmente el cumplimiento del pequeño contribuyente.**

No toda informalidad tiene detrás una organización dedicada al fraude.

En muchos pequeños negocios existen costos de cumplimiento, desconocimiento y una regulación que puede resultar desproporcionadamente compleja respecto de su dimensión económica.

Formalizar debe significar ingresar a un sistema sencillo, predecible y económicamente viable.

La estrategia, por tanto, debería diferenciar claramente entre quien **no sabe cumplir**, quien **tiene dificultades para cumplir** y quien **deliberadamente estructura sus operaciones para no pagar**.

Tratarlos de la misma manera sería un error.

**5. Seguridad jurídica para el contribuyente que cumple.**

La lucha contra la evasión debe coexistir con predictibilidad tributaria.

Una administración tributaria moderna no debería medir su eficacia solamente por reparos, multas o deuda determinada, sino también por cuánto incumplimiento logra prevenir y cuánto cumplimiento voluntario consigue generar.

La fiscalización debe ser firme frente al fraude, pero técnicamente rigurosa y respetuosa del debido procedimiento frente al contribuyente.

**6. Vincular recaudación con calidad del gasto público.**

Este probablemente sea el elemento más olvidado.

El ciudadano difícilmente desarrollará una verdadera cultura tributaria si percibe que sus impuestos terminan financiando corrupción, obras paralizadas, burocracia ineficiente o servicios públicos deficientes.

Por ello, mejorar la recaudación y mejorar la calidad del gasto público deben formar parte de una misma estrategia.

No existe política tributaria sostenible sin legitimidad fiscal.

## Una oportunidad para hacer una reforma distinta

La conformación de los grupos de especialistas anunciados por el Gobierno para trabajar, entre otros ámbitos, en formalización laboral, acceso al financiamiento, inversión pública y cumplimiento tributario abre una oportunidad interesante para abordar el problema desde una perspectiva transversal.

La designación de especialistas para estudiar el cumplimiento tributario puede ser particularmente relevante si el resultado no termina siendo simplemente otra propuesta para modificar tasas, crear obligaciones formales o incrementar sanciones.

El Perú probablemente tiene delante una oportunidad distinta:

**ensanchar la base tributaria antes que incrementar la carga sobre quienes ya están dentro de ella.**

Combatir la evasión no significa perseguir empresas.

Significa conseguir que exista competencia en igualdad de condiciones.

Porque cuando una empresa cumple íntegramente con IGV, Impuesto a la Renta, obligaciones laborales y demás cargas mientras otra oculta ventas, utiliza comprobantes falsos o permanece artificialmente fuera del sistema, el perjudicado no es solamente el Estado.

También lo es el empresario formal que tiene que competir contra alguien cuyo verdadero “beneficio competitivo” consiste en no pagar impuestos.

Por eso, reducir sustancialmente la evasión puede convertirse no solo en una política recaudatoria.

Puede ser también una **política de competitividad, formalización y equidad tributaria**.

Y quizá allí debería estar el centro de la próxima reforma fiscal peruana:

**antes de discutir cuánto más debemos cobrar, asegurémonos de cobrar correctamente lo que ya corresponde.**

**Mg. Ermo Mac Dowall Muñoz**
*Tributarista, Auditor, Especialista en NIIF para PyMEs, Finanzas y Fiscalidad Internacional*